El presidente del Gobierno de España, en el pleno de investidura, anunció que las bonificaciones se extenderán al 100 % para determinados colectivos

Desde el 1 de enero de 2024, el transporte público será gratuito para determinados colectivos, según avanzó el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el pleno de investidura en el Congreso de los Diputados.

La gratuidad, de la que se desconoce todavía la letra pequeña, vendrá acompañada de otras medidas «de calado» para la sociedad española como la reducción de la semana laboral a las 38,5 horas (frente a las 37,5 de cara a 2025) o el incremento del bono de alquiler para jóvenes.

Pese a que la Unión Europea está exigiendo a las naciones que retiren todas las ayudas impulsadas para hacer frente a los efectos negativos de la guerra de Ucrania, buscando  cumplir los objetivos de déficit marcado para las cuentas públicas, las bonificaciones al transporte público van a seguir incrementándose durante los próximos años. Eso sí, con algunos matices, ya que la ministra en funciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, apuntó a que las bonificaciones del 50 % que ahora disfrutamos quedarían «restringidas» a determinados colectivos o grupos de edad.

Quiénes podrán disfrutar del transporte público gratuito desde el próximo año 2024

Pedro Sánchez anunció que el transporte público será gratuito para los desempleados, los menores de edad y los jóvenes. Algunas fuentes apuntan a una extensión de esta gratuidad a las personas pensionistas.

Todavía no sabemos cómo se articulará la medida. En primer lugar, porque no se conoce si será a través de los ayuntamientos, quienes ya tienen bonificaciones para algunos colectivos en marcha, como en Zaragoza, con la posibilidad de conseguir una reducción adicional en abonos gracias al carnet joven, o los desempleados, que disfrutan de un abono por apenas 1 euro y con el que se pueden mover en tranvía y autobuses urbanos o rurales de manera ilimitada, o será únicamente en los trayectos de competencia estatal.

Por otro lado, también se desconoce si los beneficiarios tendrán que registrarse en una plataforma, tal y como ocurrió con el programa «Verano Joven», lanzado el pasado verano y que usaron más de tres millones de personas. O, por ejemplo, si existirá una tarjeta específica, si se necesitará un empadronamiento o residencia legal en España.

De igual forma, no se sabe quién financiará esta medida: si correrá a cargo del Estado, de las autonomías o ayuntamientos, o si habrá alguna fórmula específica con el Gobierno pagando la totalidad o parte de la medida como ocurre con las bonificaciones actuales, en las que el Estado paga el 30 % y el las administraciones locales un 20 %.

En el programa electoral del PSOE se establecía la promesa de que los menores y jóvenes de entre 18 y 24 años tuvieran acceso a la red de transporte público de manera gratuita. Sin embargo, otras regiones como la madrileña incrementan las bonificaciones hasta los 30, como en la capital aragonesa, siendo esta la edad límite para disfrutar del descuento con carnet joven. No obstante, se tratan de descuentos y no de gratuidades como las que ofrecerá el Estado.

Probamos el bus autónomo que ya circula por Zaragoza, en la línea 40, del barrio de San José al centro de la capital: ¿cómo es el trayecto?

Faltan pocos minutos para que sean las 11:00 horas. La calle Melilla del zaragozano barrio de San José es un ir y venir continuo de personas que completan sus quehaceres diarios. Unos, vienen del centro de salud; otros, van al trabajo, al gimnasio o han hecho la compra en los comercios del barrio.

La mayoría de las personas que transitan por esta importante calle de este distrito de 65.000 habitantes se topa con un bus diferente, un vehículo negro con personas que se agolpan junto al conductor y que se no pierden detalle de lo que ocurre durante la conducción. «Este es el bus que circula sin conductor ¿no? ¡Qué peligro!», dice una vecina que pasea a su perro, mientras otra señora le comenta que es más seguro de lo que piensa.

El autobús, que llama la atención de los vecinos de la zona, queda aparcado en el terminal de la línea 40 de la calle Melilla esquina Basanta López. Allí, el conductor empieza a pedir los códigos QR de los usuarios que, previamente, gratuitamente, han reservado un viaje de casi una hora en este vehículo.

Cómo es un viaje con el bus autónomo que circula con viajeros por las calles de Zaragoza

Son las 11:00 de la mañana. El autobús, con quince personas en su interior, sale puntual de su terminal para iniciar un recorrido circular por el centro y este de la ciudad. Coincide con el recorrido de la línea 40, aunque los usuarios no se pueden montar al vehículo en ninguna parada intermedia; bajarse, sí, cuando lo deseen.

Al mando, o mejor dicho, a las órdenes de la tecnología, está Jesús, un conductor gallego que recaló en la capital aragonesa hace menos de tres lustros y que asegura estar emocionado por conducir este vehículo en la ciudad. Aunque reconoce que su trabajo es estresante, mucho más que conducir un camión (su anterior puesto), considera que la amabilidad de los zaragozanos hace que su trabajo merezca la pena.

Durante todo el camino, el amable conductor explica todas las características técnicas del vehículo. La práctica totalidad de los viajeros se agolpan junto al conductor, quien admite ser muy hablador y responder a todas las dudas que han tenido los viajeros que ya han montado al autobús.

Tras el giro de la calle García Lorca a avenida de San José empieza lo «entretenido» del viaje: el autobús va solo durante toda la avenida, excepto en la rotonda de Cesáreo Alierta, mientras que en el resto del itinerario es el conductor de Avanza quien se pone a los mandos del vehículo.

Jesús recalca que es la segunda fase de la investigación del proyecto Digizity. Tras las pruebas de frenado y aceleración en los meses estivales, ahora es turno de testear el mantenimiento en el carril y la aproximación a las marquesinas.

El autobús no se sale en ningún momento de su carril, incluso aunque el conductor «pruebe» a salirse de su camino establecido (marcado con marcas en la calzada). De hecho, detecta cualquier obstáculo a 200 metros de distancia. Además, dispone de un sistema de monitorización que mide la respiración del chófer y es capaz de avisar a emergencias si fuera necesario.

Las impresiones de los primeros viajes del bus autónomo de la ciudad de Zaragoza

«No me esperaba tanta gente durante el primer día, la verdad«, comenta el conductor Jesús, que destaca que también ha invitado a los vecinos de San José a montarse y probar el vehículo. «Les he comentado que es seguro y que, además, el viaje les saldrá gratis. Es una experiencia más», asegura.

A bordo, quince personas que no dudan en preguntar al conductor y realizar vídeos, fotografías y decenas de preguntas al conductor. Entre los viajeros, un conductor de autobús que comparte la mayoría de las opiniones del profesional de Avanza.

¿Será este autobús el futuro de la movilidad en las principales ciudades europeas? Todos los viajeros y el propio conductor lo tienen claro: no. «No sustituirá a los conductores en ningún momento, si acaso le quitará el trabajo a los hijos de mis nietos«, recalca el conductor, que señala que hace falta mucha supervisión al volante. Especifica que «ante un conflicto entre viajeros en el interior del bus, o si alguien tiene un problema de salud, se necesita contar con una persona que, de inmediato, responda, algo que esta tecnología no ofrecerá en mucho tiempo».

¿Qué ha ocurrido en el Ayuntamiento para poder perder tanto dinero?

En la actualidad, cada vez que un usuario pasa la Tarjeta Bus (no los abonos) por primera vez al iniciar un trayecto (los trasbordos no cuentan) en un autobús urbano, rural o el tranvía de Zaragoza, el Gobierno de España «debe» al Ayuntamiento de Zaragoza 0,246 euros. Mientras, el consistorio, pone para ese viaje 0,164 euros, y el ciudadano 0,41 euros.

Así se completa un «puzle» en el que el usuario paga el 50 % del viaje, mientras que las administraciones se reparten la reducción del precio: un 30 % del descuento sobre su tarifa normal lo paga el Gobierno de España y un 20 % el Ayuntamiento de Zaragoza.

Esto es así desde que el 1 de enero del año pasado entraran en vigor las nuevas tarifas, con una bonificación del 50 % sobre los títulos multiviaje, que pretendía contrarrestar los efectos negativos de la guerra de Ucrania en los bolsillos de la ciudadanía.

El Gobierno de España ponía dos condiciones: que autonomías y ayuntamientos pusieran una parte para disfrutar de la bonificación total, correspondiente al 20 % mencionado y que, por otro lado, cada administración remitiera la información relativa al número de viajeros que han disfrutado la bonificación para que el Estado pudiera reembolsar el 30 % que pone de su parte. Así, no generaba «un roto» en las arcas municipales, teniendo en cuenta que es una medida que ha impulsado desde Madrid sin conocer la situación de cada localidad.

Es aquí, en ese último punto, donde llega el problema: Zaragoza ha incumplido las fechas y formas de envío de la documentación. Por lo tanto, la suma de todos los viajes bonificados y que debe sufragar el gobierno de la nación corre riesgo. En total, 7,5 millones de euros que el Ayuntamiento podría perder por un garrafal fallo de gestión y coordinación.

El lío político montado, de nuevo, en el Ayuntamiento: ¿qué ha pasado para que Zaragoza esté en riesgo de perder 7,5 millones de euros?

Fue en la jornada del miércoles cuando Zaragoza en Común informaba de la situación. Elena Tomás comparecía en el Ayuntamiento y acusaba a Chueca de «perder la bonificación» del billete del bus al no salir la capital aragonesa en la resolución de la convocatoria del Ministerio de Transporte. Pedía, a la par, «poner en marcha todos los mecanismos necesarios para revertir esta situación que afecta de lleno a los servicios públicos de la ciudad».

Posteriormente, Víctor Serrano, portavoz del gobierno municipal y concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Equipamientos Públicos de la ciudad, del PP, aseguraba que se había tratado de un error y que el Ayuntamiento de Zaragoza estaba trabajando con el Mitma para resolver un problema «de capacidad de la plataforma«, ya que esta se encontraba «desbordada» ante tantas solicitudes de las administraciones.

Sin embargo, en la carta remitida por parte de la concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, y a la que ha tenido acceso El Periódico de Aragón, se dice todo lo contrario, y se asume como un error del Ayuntamiento lo ocurrido, a fecha del 6 de noviembre, por lo que el consistorio es conocedor del problema diez antes y lo ha ocultado durante todo este tiempo, pese a que el 31 de julio expiraba el plazo para enviar la solicitud (que es enviada dos meses después) y varios días antes trabaja en prorrogar la contrata cuatro años más a Avanza.

Desde el grupo municipal del PSOE, su portavoz, Lola Ranera, ha comunicado que los socialistas están «muy preocupados». «¿En verano no trabaja nadie en el Ayuntamiento de Zaragoza? Hemos perdido un 10 % de la inversión. Perdemos la posibilidad de hacer escuelas infantiles en los barrios, entre otras cosas», ha asegurado, pidiendo a la alcaldesa que salga de Twitter e Instagram y tras acusar a Chueca de abandonar a la ciudadanía.

De criticar una medida a alabarla por desesperación en una carta remitida la semana pasada

Tatiana Gaudes, concejal de Movilidad y Medio Ambiente, tras comprobar que Zaragoza no salía en la resolución de las ayudas del ministerio, remitió una carta al Mitma remitiendo toda la información para que la capital aragonesa no se quedara descolgada de las ayudas (dos meses después de expirar el plazo) y alabando el trabajo del Estado para no quedarse fuera de las ayudas.

Cabe destacar que el Ayuntamiento de Zaragoza ha criticado duramente en más de una ocasión las formas de actuar del Gobierno de España y la bonificación. «El Estado nos exige, si queremos disfrutar de las bonificaciones, que pongamos dinero a pocos días de que comience el año. Es como si nos dice que nos va a invitar a un restaurante y durante la cena nos pide que paguemos una parte», decía la alcaldesa, Natalia Chueca, hace nueve meses.

En la misiva, que se puede consultar más abajo, el Ayuntamiento de Zaragoza alaba las bonificaciones del Gobierno de España tras criticarlas. «La reducción de tarifas se lleva aplicando desde septiembre de 2022. El espíritu y sentido de la ayuda del Estado se orienta a apoyar de forma efectiva y beneficiando a la ciudadanía, paliando los efectos del conflicto en Ucrania», reza la carta, en la que Gaudes asegura que se trató de un error formal.

Además de reconocer el error, en el escrito justifica que el Ayuntamiento se encontraba de vacaciones en la fecha de entrega de la documentación (mes de julio) y que la petición sí se hizo, pero al Gobierno de Aragón (cuando este no tiene competencias ni impulsa la bonificación).

Puedes conocer la carta en este en enlace de EPA.

Desde septiembre de 2022 se rebajó el precio del transporte público, pero ahora el Gobierno de España estudia «limitar» la bonificación: ¿qué se sabe hasta ahora?

El precio del transporte público sigue rebajado en un 50 % para todas aquellas personas que utilicen los abonos multiviaje (Tarjeta Bus) o los que adquieran o renuevan su abono de transporte.

Esta medida, impulsada por el Gobierno de España para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania y su efecto negativo en las materias primas, ha conseguido que la mayoría de las ciudades hayan recuperado los niveles de viajeros previos a la crisis sanitaria.

Sin embargo, Zaragoza es de las pocas capitales españolas que sigue sin lograr recuperar el 100 % de los usuarios que tenía antes de la pandemia. El empeoramiento gradual del servicio del autobús urbano, además de las huelgas recientes, siguen lastrando la cifra de viajeros.

Asimismo, el consistorio zaragozano aprovechó la bonificación para realizar una subida «camuflada» en la bonificación, en función del IPC, que fue del 7,7 %. Así, el billete sencillo pasó a costar 1,50 euros, diez céntimos más, mientras que el viaje con tarjeta subió de 0,76 a 0,82 euros que, tras aplicar la bonificación, se queda en 0,41, frente al 0,38 que podría estar disfrutando la ciudad.

Ahora, a falta de pocas semanas para terminar el 2023, la mayoría de zaragozanos se pregunta si las bonificaciones se extenderán al 2024. ¿Qué pasará con el precio del transporte público de Zaragoza desde el 1 de enero?

Las bonificaciones podrían seguir en el 2024, aunque ya se estudia una retirada de las mismas

El Gobierno de España no lo ha anunciado oficialmente, pero todo apunta a que el año comenzará con el transporte público rebajado al 50 %. En recientes declaraciones, Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, manifestó su intención de mantener los descuentos durante el 2024.

Para ello, se han destinado diferentes partidas presupuestarias que rondarían los 1440 millones de euros para las bonificaciones, siendo 600 millones los que se destinarán a cubrir la gratuidad de las Cercanías y los servicios de Media Distancia de Renfe.

Con esta aportación de Moncloa se cubre el 30 % de la bonificación, mientras que el 20 % restante queda sufragado por los ayuntamientos y comunidades autónomas, que además pueden, como hace la Comunidad de Madrid, incrementar en diez puntos más el descuento directo, por lo que se llega al 60 % de bonificación.

No obstante, la medida tendría las horas contadas y no se extendería, en principio, a los siguientes ejercicios. Sánchez afirmó que durante el próximo año se trabajará en que la medida sea «estructural», pero solo para «determinados colectivos», lo que encajaría, según los expertos, en ofrecer descuentos únicamente para jóvenes, parados e, incluso, se abre la puerta a descuentos en función de la renta por hogar.

Así, el 2024 se considera un año de «transición», estudiándose limitar la medida, la cual tampoco ha estado exenta de choques entre políticos y administraciones. Primero, por la falta de información por el Gobierno de España, que anunció con tres días de antelación cómo se articularían los descuentos y que, además, obligó a muchas administraciones a modificar presupuestos tres días antes de que estos entraran en vigor. Por otro lado, al coincidir con las pasadas elecciones locales y autonómicos, muchos alcaldes decidieron «subir la apuesta» para igualar o incrementar el descuento ofrecido por el Gobierno para atribuirse la medida como logro político.