Las ventas de suelo en Zaragoza alcanzarán los 120 millones de euros desde comenzó la legislatura: se trata de un modelo cada vez más cuestionado pero que no es desconocido en la historia de la ciudad
Zaragoza atraviesa un ciclo de transformaciones urbanas marcado por operaciones millonarias de venta de suelo público. En apenas dos años, el Ayuntamiento ha informado que sacará al mercado terrenos municipales en barrios como Romareda, Montecanal, San José o el entorno del Portillo, aunque hay más zonas diseminadas en el listado del ‘Monopoly’ inmobiliario, con el objetivo declarado de dinamizar zonas degeneradas, atraer inversión privada y generar ingresos para financiar otros proyectos. En el listado ni en el importe global mencionado no se incluyen las cesiones de suelo a promotoras para levantar vivienda pública de alquiler asequible.
Estas operaciones, que tienen consecuencias positivas y negativas en la vida de los ciudadanos, han encendido también una creciente contestación social que cuestiona el rumbo de la ciudad y el modelo que se está consolidando. Por otro lado, permiten cerrar cicatrices y conseguir fondos para impulsar proyectos estratégicos.
Lo que ha sido común, en todas ellas, es la contestación social de los vecinos, la cual va más allá de perder las vistas al Moncayo o el de no tener luz natural que entre en sus viviendas. Movilizaciones y recogida de firmas son solo algunos ejemplos. El siguiente paso, los tribunales.
De la contestación social por la venta del suelo de Vía Hispanidad a los terrenos de Alumalsa en el barrio de San José: la venta de parcelas que suscitan críticas
Venta de suelo en torno al pirulí de Telefónica y Montecanal: la operación ‘en pack’ cerca de La Romareda
La venta más ambiciosa es la que afecta a los suelos de Vía Hispanidad y Romareda, una amplia zona alberga instalaciones deportivas de uso ciudadano, como campos de fútbol y un skate park.
El Ayuntamiento ha previsto allí la construcción de unas 470 viviendas libres, con la expectativa de ingresar cerca de 50 millones de euros. Ese dinero, según ha explicado el gobierno municipal, se destinará a sufragar parte del nuevo estadio municipal, zonas verdes y equipamientos complementarios.
Sin embargo, vecinos y colectivos denuncian que se perderán espacios públicos y acusan al Ayuntamiento de privatizar suelo con alto valor estratégico, en una operación que, aseguran, responde más a una lógica especulativa que a las necesidades reales de vivienda de la ciudad. Los vecinos se siguen movilizando y, junto a los usuarios del skate park, han presentado más de 1500 alegaciones al proyecto, algo que nunca había ocurrido en la historia de la ciudad.
A esta polémica se suma la operación de Montecanal, donde el consistorio pone el cartel de ‘se vende‘ a más de 52.000 metros cuadrados de suelo para construir chalés, algo de vivienda protegida y zonas terciarias (como supermercados u oficinas).
Aunque el Gobierno de Zaragoza ha anunciado que espera ingresar hasta 17 millones de euros, los informes técnicos internos rebajan esa previsión a unos 10 o 11 millones. La diferencia ha levantado críticas por parte de la oposición, que denuncia que se están inflando los ingresos estimados para cuadrar los presupuestos, y que no existe una planificación urbanística transparente ni una evaluación social de estos desarrollos.
San José: suelos de Alumalsa que ahora se utilizan de aparcamiento precario junto al Centro Deportivo Municipal José Garcés
En el barrio de San José, la venta de los antiguos terrenos de la fábrica Alumalsa también ha generado controversia. En este caso se trata de dos parcelas municipales donde se construirán 106 viviendas libres.
Durante años, colectivos vecinales pidieron que ese espacio se destinara a vivienda pública de alquiler o a modelos cooperativos, en un barrio con alta demanda social y fuerte envejecimiento poblacional. Asimismo, el enfado de los vecinos de los bloques del entorno es mayúsculo, puesto que la zona se emplea ahora con un aparcamiento con capacidad que roza las 200 plazas.
El Ayuntamiento ha defendido la operación como una forma de reactivar una zona degradada y ha recordado que existen otras promociones públicas en marcha. La pretensión es ingresar un mínimo de siete millones de euros.
El entorno del Portillo mediante la sociedad ZAV: una nueva torre de viviendas junto a la rotonda de la Ciudadanía y estación Delicias
Más recientemente, en el entorno del Portillo, el Ayuntamiento ha iniciado una operación que contempla la reurbanización de nueve hectáreas con la construcción de unas 200 viviendas y una amplia zona verde. El proyecto cuenta con participación de Adif y el Gobierno de Aragón, mediante la sociedad Zaragoza Alta Velocidad, y todavía se encuentra en fase inicial.
En este punto, además, se espera ingresar una cantidad mínima de 19 millones de euros, teniendo en cuenta que promociones similares cerca de la estación Delicias (con más viviendas pero más lejos del centro) se subastaron por ese precio. Parte de los fondos se destinarán a pagar el futuro parque en los alrededores de la estación de cercanías.
A esa cantidad habrá que sumar otros 20 millones de otra nueva promoción, similar a la que construyó AEDAS Homes junto a la estación Delicias, en el solar anexo al Inocencio Jiménez.
Las actuaciones con las consecuencias sociales, económicas y urbanísticas: aspectos positivos y negativos
El hilo común de todas estas actuaciones es el modelo de financiación: vender suelo municipal para captar fondos sin subir impuestos ni recurrir a deuda. Desde el área de Urbanismo se defiende que estas operaciones permiten resolver “deudas urbanísticas históricas” y modernizar la ciudad.
Se insiste en que Zaragoza necesita vivienda de distintos tipos, incluida la libre, y que las zonas afectadas estaban en desuso o infraaprovechadas. También se recuerda que hay más de 2.200 viviendas públicas proyectadas en distintos puntos de la ciudad, aunque muchas de ellas todavía no están en fase de ejecución.
Sin embargo, desde los barrios y las asociaciones vecinales se denuncia que estas decisiones se toman sin participación ciudadana real, con escasa transparencia y sin evaluar el impacto social de sustituir suelo público por promociones de mercado. Algunos expertos consideran que se cae en el error de potenciar operaciones que, hace tres lustros, llevaron al país a una crisis inmobiliaria sin precedentes, calentando de manera artificial el parque de viviendas.
Plataformas como «Zaragoza no se vende» han tomado fuerza en los últimos meses y convocado protestas en distintos puntos de la ciudad, con un mensaje claro: «la ciudad no puede convertirse en un escaparate para la inversión privada mientras se ignora el derecho a la vivienda, el acceso a espacios públicos o la cohesión social», aseguran, temiendo, además, que el incremento poblacional no venga acompañado con la llegada de mayores servicios o, por ejemplo, transporte público.